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El Ejecutivo de Balears ha decidido aplazar la aprobación del anteproyecto de Llei de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears para cubrir vacíos legales y, a petición del Bloc, presentar el texto a entidades del mundo de la comunicación. El anteproyecto de ley, cuyas líneas anticipó Ultima Hora el pasado miércoles, no despeja algunas de las cuestiones más polémicas, como cuál será el modelo definitivo de contratación del ente público.
Albert Moragues, conseller de Presidència, dijo que «no se habla de externalización o no externalización porque no aborda el modelo audiovisual definitivo, que quedará para futuros reglamentos o para una nueva ley». Tampoco aborda la posibilidad de que los canales de los consells se integren en el organigrama del ente.
Cuando la ley esté en vigor, el Consell de Direcció de la radiotelevisión púbica, y también su director general, se elegirán por mayoría cualificada de dos tercios o, de no conseguirse en un plazo de cuatro meses, por mayoría absoluta.
Aunque la actual ley vigente, de la época del PP, deja en manos del Govern el nombramiento y cese del director general, el Ejecutivo decidió acogerse al ambigüo redactado del artículo 91.3 del Estatut reformado, para que el Parlament eligiera al director general de Martorell. Ahora se da una paradoja: que pudo ser nombrado pero no destituido, salvo que se entrara en un disputa judicial que, según el Govern, ahora no interesa.
Por otro lado, el Govern balear dio el visto bueno a otra ley, la del Consejo Consultivo, el equivalente autonómico del Consejo de Estado. Regula las incompatibilidades pero incluye entre sus vocales al director de la Abogacía autonómica. Da el visto bueno a las leyes y formará parte del organismo que las revisa.