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La nueva Ley de Comercio de Balears, aprobada el pasado martes en el Parlament para 'transponer' la directiva de la Unión Europea de Servicios (Directiva Bolkestein) al ordenamiento jurídico interno, cuenta con un amplio apoyo de las patronales del pequeño y mediano comercio y con el rechazo frontal de las grande superficies, que afirman se ha violado de forma explícita el carácter liberalizador de la normativa europea.

Como principales cambios, la ley autonómica califica como grandes establecimientos comerciales a todas las tiendas que superen los 700 metros de superficie de exposición y venta en la isla de Mallorca, de 400 en Menorca y Eivissa y 200 en Formentera. La ley anterior, impulsada por el ex conseller del 'Pacte de Progrés', Pere Sampol, tipificaba a los grandes establecimientos comerciales en función de criterios económicos de las empresas explotadoras, una fórmula expresamente prohibida por la directiva de la UE.

Otro de los cambios importantes es regulación de la licencia autonómica, preceptiva para los grandes establecimientos comerciales. La licencia autonómica o segunda licencia se mantiene y será la Conselleria de Comerç el órgano encargado concederla o denegarla.

Al cambiarse la calificación de los grandes establecimientos comerciales por cuestiones de superficie y no económicas, las franquicias tendrán la posibilidad de instalarse libremente en los entramados urbanos de las Islas sin necesidad de licencia autonómica.

La nueva normativa autonómico establece al mismo tiempo que los grandes establecimientos comerciales sólo podrán instalarse en suelo urbano consolidado y en ningún caso en suelo rústico. El Govern ha argumentado cuestiones de interés medioambiental y de ordenación del territorio para establecer estas restricciones, que son las únicas permitidas por la directiva europea de servicios.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Comercio supondrá el por otra parte levantamiento de la moratoria de grandes establecimientos comerciales en el archipiélago aprobada en la pasada legislatura por el ex conseller del Partido Popular, Josep Juan Cardona.

Por último, también existe un cambio en la regulación comercial autonómica en cuanto a los horarios, en este caso generado en el proceso de enmiendas en el proceso parlamentario. En concreto, los establecimientos comerciales con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados tendrán libertad de horarios.