Las negociaciones con el Grupo Barceló, una de las dos empresas que forman parte de la UTE que construyen el Palacio de Congresos de Palma, continúan estancadas. Por ello, la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, tiene trazada una estrategia con la finalidad de evitar que la citada infraestructura turística se paralice. En concreto, argumentará que la UTE, integrada por el Grupo Barceló y Acciona, pidió un crédito de unos 48 millones de euros, que fueron concedidos por una entidad bancaria para ejecutar el Palacio de Congresos.
Calvo pretende que cuando finalicen los 30 millones de euros que aportaron el Govern y Cort, y de los que ya no queda mucho capital, comenzar a utilizar estos 48 millones de euros que una entidad bancaria concedió a la UTE del Palacio de Congresos.
La alcaldesa pidió en el último pleno municipal apoyo al único grupo de la oposición y los populares respondieron de forma afirmativa, a cambio de recibir información, cosa que no estaba sucediendo hasta entonces, «ya que lo que lo que nos interesa es que se acabe dicha infraestructuras», manifestaron desde el PP.
Fuente municipales han confirmado a Ultima Hora que Calvo se siente muy presionada por la posible paralización de las obras del Palacio de Congresos, por lo que le pidió al PP que dicha infraestructura quedase fuera del debate político. Sin embargo, este 'pacto de Estado', del que también formaban parte otras materias como la política de taxis o el IMI, se rompió ayer durante la comisión de Cuentas. En concreto, el equipo de Gobierno de Aina Calvo ha decido reducir de 10 a 5 días el plazo que tiene la oposición para presentar enmiendas a las ordenanzas municipales. Sin embargo, el portavoz del PP, Julio Martínez manifestó que la aplicación del artículo que permite esta reducción es para ocasiones muy muy excepcionales (no se ha aplicado nunca) y añadió que no se ha tramitado de forma correcta, ya que no estaba firmado por la alcaldesa. La secretaria del Ajuntament reconoció en la comisión que ella misma se dio cuenta del error y explicó que por la tarde hizo firmar a la alcaldesa, pero no le enviaron la nueva documentación a la oposición.
Los populares no aceptaron la reducción de días para presentar alegaciones y el día 15 de octubre recibieron una providencia de la alcaldesa en la que les informaba que reduce el plazo de 10 a 5 días, por tanto los populares entienden que cuenta con cinco días a partir del momento en que recibieron la citada providencia.
Por su parte, Alcover aseguró que no habían forzado el reglamento, ya que entienden que con las modificaciones que han realizado con cinco días la oposición tiene tiempo suficiente para presentar alegaciones.
Martínez argumentó que siempre ha habido cortesía en estos temas, pero que ésta se ha roto porque el equipo de Gobierno no acepta las urgencias que presenta la oposición, pero sí las suyas propias. En su opinión, se trata de «política de rodillo».
El portavoz del PP también manifestó que presentarán muchas enmiendas a las ordenanzas municipales y adelantó que el equipo de Gobierno de Aina Calvo no las aceptará argumentando que «por cuestión de tiempo no nos pueden votar a favor de ninguna».
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