La mayoría de los italianos, según las encuestas que se dieron a conocer ayer, aprueba la decisión del Tribunal Constitucional italiano de retirar la inmunidad al primer ministro, Silvio Berlusconi, para que pueda ser juzgado por presuntos casos de corrupción. También es cierto que los sondeos revelan que gran parte de los ciudadanos se muestran contrarios al adelanto electoral y prefieren que concluya la legislatura en 2013, tal y como estaba previsto.
Caben sin embargo algunas reflexiones en torno a las reacciones suscitadas por la decisión judicial, en especial la del mismo Berlusconi, empeñado en culpar a los tribunales, al presidente de la República, Giorgio Napolitano, a la izquierda y a los medios de comunicación de la medida de haberle retirado la inmunidad. Parece obviar el mandatario conservador que las responsabilidades penales deben ser dirimidas por los tribunales competentes sea cual sea el cargo que uno ocupa. Y con más razón si se ejerce la alta responsabilidad del gobierno de una nación democrática.
Los escándalos están salpicando a Berlusconi uno tras otro y su airada reacción no hace más que arrojar más y mayores dudas sobre su honestidad. Y, a pesar de ese resultado favorable en las encuestas de opinión a su permanencia en el cargo, no parece lo más razonable mantener una situación de constante incertidumbre sobre la cabeza de quien debe liderar un país de la relevancia de Italia.
Ha sido un líder populista y atípico, surgido en un momento de crisis de los partidos tradicionales, los socialistas y los demócratacristianos, pero parece estar abocado a provocar un nuevo trauma político si no es capaz de asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia.
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