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El ingeniero industrial Miguel Àngel Verger admitió ayer ante el juez instructor del 'caso Palma Arena' que había suprimido en algunos de sus informes las referencias que había hecho del ex presidente del Govern Jaume Matas, «por exigencias de ('Pepote') Ballester y (Jorge) Moisés. En concreto, Verger, que declaró en calidad de imputado, se refirió a una conversación que Matas mantuvo «con alguien de Fomento» para acelerar los trabajos en el Palma Arena, aunque matizó que ignoraba si esa conversación la sostuvo con el entonces presidente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) Marcelino Oreja. También, admitió que se registró una reunión con el ex presidente del Govern cinco meses antes de que concluyeran las obras «que ya estaban contratadas», precisó.

Ante la pregunta del fiscal Pedro Horrach de por qué había aceptado tal exigencia respondió que Ballester y Moisés le habían insistido en que suprimiera el texto relacionado con temas presupuestarios por ser «totalmente falsos» (se comentaba en la obra de que hacía falta más dinero) , y también la alusión de la reunión de Matas, «por entender que no aporta ninguna información que sea necesaria para el desarrollo de la obras». Preguntado de quién, realmente, redactaba sus informes, ante la sospecha de que pueden ser muchos los párrafos adicionados o quitados por Ballester o Moisés, Verger respondió que eran «él mismo y los arquitectos (los hermanos García Ruiz) con total libertad de criterio».

El ingeniero del Palma Arena explicó que el arquitecto alemán Ralf Schumann le contrató a instancias de 'Pepote' Ballester por 40.000 euros, y más tarde, por los hermanos García Ruiz, por 1'5 millones de euros. «La diferencia es que con Schurmann intervenía a título personal, mientras que con los García Ruiz la contratación fue con proyectos y gestión integral de ingeniería», señaló. También, admitió que licitaron la estructura de la cubierta del velódromo por 6 millones de euros para excluir la publicación en los boletines oficiales europeos. Ayer, asimismo, declaró como testigo Apolonia Serra, secretaria de la Conselleria de Sports i Joventud, quién fue interrogada por los 20 millones de euros pagados por el Govern de Antich a la UTE del Palma Arena. Serra tuvo que explicar, a preguntas del abogado Josep Zaforteza, por qué el actual Govern aceptó pagar esa cantidad dos meses después de presentar la denuncia en Fiscalía. Ella respondió que el pago fue «a buena cuenta».