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La comparecencia en el Congreso de los Diputados del gobernador del Banco de España, Miguel Àngel Fernández Ordóñez, ha supuesto un serio toque de atención a la política económica del Gobierno, del que advirtió que, por el momento, gasta muy por encima de los ingresos. Para el responsable del banco emisor, uno de los capítulos pendientes para salir de la crisis es el de la reforma laboral, tema del que el presidente Rodríguez Zapatero siempre ha evitado el debate.

La receta de Fernández Ordóñez, que coincide con la mayoría de los analistas en señalar que lo peor de la recesión económica ha pasado, se centra en dos aspectos: la contención del gasto público y la «innovación» en las modalidades contractuales de los trabajadores. Para el gobernador del Banco de España el incremento de la presión fiscal, que admitió que recaerá sobre las clases medias del país, sólo está justificado para reducir el déficit de las cuentas públicas, comentario que lleva aparejada una exigencia de austeridad en la Administración pública española.

La modificación de las actuales condiciones del mercado laboral español es una medida que no sólo defienden Fernández Ordóñez y las principales organizaciones empresariales; expertos nacionales y organismos internacionales coinciden en señalar el marco actual de las relaciones laborales como principal responsable de las elevadas tasas de desempleo en España, un fenómeno que apenas tiene parangón en los países que integran la eurozona. Guste o no guste, el de la reforma laboral es un tema que España deberá abordar si quiere reducir, al menos de un modo significativo, la sangrante tasa de desempleo que está acumulando.