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Sólo en la adquisición de bienes inmuebles y efectos en diversos establecimientos de Mallorca por parte de Matas y de su mujer Maite Areal, alcanzó los 500.000 euros, pagados gran parte de los mismos en efectivo. Tras la prolija investigación el juez ultima la citación de Matas en calidad de imputado.

Maite Areal, «a título de ejemplo», según las diligencias, adquirió en un periodo de 4 meses efectos en un establecimiento de joyería de Palma por un importe de 70.000 euros, abonándolo todo en efectivo. La investigación realizada por la Guardia Civil abarca un exhaustivo seguimiento del patrimonio de Matas y de su familia, dividido en seis apartados: La propiedad de un piso ubicado en un edificio catalogado de la calle San Felio de Palma (el «palacete»), la propiedad de una vivienda en la Colònia de Sant Jordi, el alquiler de un piso en la calle Ramón Cruz de Madrid, cuantiosas obras realizadas en sus pisos, compra de artículos de lujo, viajes, hoteles, entre otros. Ese alto tren de vida del ex presidente sólo fue posible porque «cobraba comisiones por adjudicación de contratos», según los denunciantes anónimos, tarea en la que participaron, entre otros, su cuñado Fernando Areal Montesinos, gerente del Partido Popular, Jaime Fluxá (que no ha identificado hasta ahora, de acuerdo al escrito del Ministerio Público, y Juan Antoni Ramonell, ex alcalde de Montüiri.

Este diario ya ha informado de todas las hipótesis de trabajo empleadas por los investigadores para demostrar un supuesto enriquecimiento ilícito de Matas, entre ellas, la creación de sociedades tipo SIMCAV (Sociedades de Inversion de Capital Variable, que permiten realizar una politica de inversion flexible y aprovechar un ventajoso tratamiento fiscal) a efectos de canalizar el montante de las comisiones que percibía el PP por la adjudicación de obras públicas, «revirtiendo parte de este dinero a las personas que participaban en la trama» según los denunciantes.

En ese contexto, sitúan a Fernando Areal Montesinos «como la persona que organizó el sistema de canalización de comisiones», y subrayan que ese sistema «consistía básicamente en aportaciones por parte de las empresas constructoras a sociedades de inversión controladas por su cuñado».

Las diligencias, asimismo, detallan con minuciosidad los movimientos de las cuentas corrientes de las que son titulares Matas y su mujer Maite Areal.
Esa abundante información, no obstante, no fue un argumento de peso suficiente para que en junio el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, diera luz verde a la prórroga de las investigación -que habían caducado a los seis meses- solicitada por Juan Carrau y Pedro Horrach.

En esos momentos, Anticorrupción ya tenía redactada una denuncia por el supuesto delito de cohecho, que afectaba a los administradores mancomunados de la sociedad Nova Labritja SL, Giuseppe Violante y José Ramis Roser, por «realizar una dádiva a la autoridad».

También, los fiscales incluían en su querella por el delito de cohecho al abogado Joan Buades y a María Teresa Castella, como propietarios de Nova Labritja; a Jaume Matas «como autoridad que recibió dádiva en atención a su cargo».

Nova Lebritja fue la sociedad que vendió al matrimonio Matas-Areal la vivienda de 465'46 metros cuadrados de superficie construida por 950.000 euros «un precio manifiestamente inferior al del mercado y constituye una dádiva o regalo en especie», según Anticorrupción, ya que el valor del mercado estimado (en octubre de 2006) era de 2.477.550 euros, según un informe elaborado por la Agencia Tributaria. Esa tasación, incluso, fue elevada hasta los 2'86 millones de euros por el perito judicial Rafael Balaguer.