Un imputado niega sobornos por el vídeo marcador del Palma Arena

El marcador electrónico costó casi 2 millones de euros, un precio que es investigado en el sumario de la causa por «desorbitado», aunque se trate de uno de los vídeomarcadores mayores y tecnológicamente más adelantados de todo el continente europeo: mide un total de siete metros de diámetro, la superficie que ocupa es de casi 70 metros, pesa ocho toneladas y el proceso para instalarlo se alargó en el año 2007 un mes entero.

Rovira confirmó ante el juez, el fiscal Pedro Horrach y los abogados personados en la causa, que en el concurso para suministrar el marcador participaron dos empresas del mismo grupo: Odeco y Smartvision, circunstancia que calificó de «habitual». Dijo que el aparato se fabricó en París y que «pudo haber sido ajustado en Barcelona». También, el empresario se refirió a Sebastián Rotger Campins (el ingeniero que tuvo a su cargo la instalación del marcador en el Palma Arena) como alguien que le «suena» como el interlocutor de Odeco en el cobro de facturas por valor de 300.000 euros. No obstante, matizó que no sabe quién es ni qué atribuciones tenía en relación con el velódromo.

Asimismo, mencionó a Ricardo Arroyo (hermano de la compañera sentimental del administrador de Nimbus, Miguel Romero) como la persona que le habló de la existencia de un concurso para adquirir un vídeomarcador. Aclaró, en cambio, que la visita de Ricardo Arroyo a la sede de su empresa en Barcelona, en la que coincidió con Miguel Romero, no la realizó como representante del Consorcio del Velódromo. Con respecto al ex director general de Deportes del anterior Govern de Jaume Matas, y del ex gerente del Palma Arena Jorge Moisés, el ex presidente de Odeco explicó que les había conocido el mismo día de la inauguración del campeonato del mundo de ciclismo, aunque «antes» ya le sonaba el nombre de Moisés «de algún correo electrónico de Odeco». No he pagado ni nadie me ha pedido comisión alguna», resumió. Por otra parte, el Govern de Francesc Antich anunció ayer que se personará como acusación particular en el 'caso Palma Arena'. El director de la Abogacía, Pedro Aguiló, y los abogados de la Administración representarán al Govern.