La querella de la Fiscalía sobre la cual se basan las acusaciones a los implicados señala que la construción de la estructura de la cubierta tuvo un sobrecoste sin justificar de 22'3 millones de euros. En concreto, la cimentación y estructura del velódromo fueron licitados por 9'8 millones, pero finalmente costaron 20'1 millones.
Con la cubierta del pabellón también se produjo un sobrecoste. En concreto, esta parte de la obra fue licitada por 5'9 millones, pero llegaron a pagarse 17'9 millones. A este desfase deben sumarse otros 30 millones en facturas que no se han abonado porque no van acompañadas por el certificado final de obra.
La querella iba dirigida inicialmente contra los arquitectos Jaime y Luis García Ruiz, el gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, y Miguel Romero, administrador de Nimbus. La querella recuerda que en octubre de 2004 se concedió a Palma la organización del mundial de ciclismo en pista del año 2007. Para dicho proyecto fue contratado el arquitecto alemán Ralph Schürmann, que recibió el encargo de diseñar la pista de ciclismo, un párking de 350 plazas, una pista de atletismo con graderío, una pista de rugby y una pista de hockey sobre hierba.
Cambio de arquitectos
El coste estimado de estas obras, según Schürmann, ascendía a 48 millones de euros. Los hermanos García Ruiz colaboraban inicialmente con Schürmann. Sin embargo, el Govern decidió rescindir el contrato al arquitecto por «no entregar la información necesaria para la correcta ejecución del proyecto». A partir de ese momento asumieron la dirección de la obra los arquitectos García Ruiz.
La Fiscalía Anticorrupción denuncia en la querella la «escasísima documentación» sobre la adjudicación y construcción del Palma Arena. De hecho, no se ha localizado ni el contrato para que el arquitecto alemán comenzase el proyecto del velódromo. Tampoco existe documentación relativa a la contratación del equipo técnico ni la adjudicación de las obras. «No se ha localizado ni existe expediente administrativo alguno».
Los fiscales que firman la querella señalan que no se respetó «de forma consciente y deliberada» la normativa en materia de contratación pública. De hecho, todos los modificados y complementos de modificados se realizaron sin contrato. Los fiscales tampoco han podido encontrar un libro de obra, un documento básico a efectos de acreditar la realización de las obras. La Fiscalía se fija también en el contrato entre el consorcio y los arquitectos García Ruiz. De los 8'5 millones del importe total del contrato, que incluye la dirección de obra, una parte -3'2 millones- corresponde a la contratación del arquitecto de pista, aparejador, ingeniería, construcción de la pista y gastos de gestión. Los fiscales cuestionan que estos 3'2 millones se contratasen sin publicidad y con carácter de urgencia.
Análisis de orina
La querella de la Fiscalía incluye el testimonio de los arquitectos García Ruiz donde señalan que el día a día de la gestión del consorcio lo dirigía Jorge Moisés, el gerente del Palma Arena. Moisés, además, decía qué facturas tenían que pagarse.
Lo sorprendente en este caso es que los arquitectos tuvieron que abonar los análisis de orina para ciclistas, el vallado para una prueba y un viaje a Estados Unidos de personas que pertenecían a la Unión Ciclista Internacional. Moisés ordenaba a los arquitectos que pagasen dichas facturas.
La Fiscalía subraya que faltan por pagar 30 millones ya que son facturas no amparadas por un certificado final de obra. Dicho pago, según la querella, no se hace efectivo ya que los arquitectos no han presentado el correspondiente certificado administrativo de final de obra. Las empresas que formaban parte de la UTE no han presentado los justificantes, según la querella de los fiscales.
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