F. BarrasaPalma06/08/09 0:00
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Varias son ya las instrucciones judiciales en Balears que investigan en el periodo 2003-2007 delitos de malversación de dinero público, pesquisas en suma sobre lo que el Código penal llama genéricamente «delitos contra la Administración». Así:
CDEIB. La Fiscalía sostiene que el consorcio del Govern, dirigido por Antònia Ordinas, y dedicado principalmente a la promoción de Balears en el extranjero, fue en la práctica un nido de comisionistas sobre la base de su importante presupuesto anual y la discrecvionalidad absoluta para manejarlo. El ex conseller de Comerç, José Juan Cardona, y el ex director general de Industria, Kurt Viaene, también están imputados en la causa y por idénticos cargos.

Turisme Jove. Según Anticorrupción, la empresa pública del Govern para promocionar y organizar el ocio juvenil pagaba de más por lo que hacía, beneficiaba groseramente a alguno de sus empleados y satisfacía facturas de otros departamentos de la Administración. El ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez; el ex gerente, Damià Amengual; y el jefe de Mantenimiento, Juan Francisco Gosálbez, son la tríada principal de imputados.

Bitel. La empresa pública del Govern para liderar los logros locales en el ámbito de las telecomunicaciones tuvo un hacer discreto, pero la Fiscalía imputa a su director, Damià Vidal, la apropiación de cientos de miles de euros tanto directamente de caja como mediante porcentajes de los contratos que adjudicaba a conocidos.

Ibatur. En el organismo público para la promoción turística balear numerosas facturas engordaban a voluntad de su ex asesor jurídico Miguel Àngel Bonet, según Anticorrupción, que era el comisionista confeso. Según él, en declaración judicial, otros cargos de la Conselleria de Turisme le secundaron.

Andratx. La Fiscalía afirma en sus casi setenta querellas que el ex concejal de Urbanismo y ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, daba luz verde a licencias urbanísticas en el municipio a su simple parecer y no en conformidad con la normativa municipal, incluidas las que afectaban a sus propios terrenos. En muchas de las decenas de piezas por juzgar figura como imputado el ex responsable municipal del planeamiento, Jaume Massot, que según los fiscales no dejó de serlo en la práctica cuando se incorporó al Govern como director general. 'Caso Peaje'. El análisis de la documentación del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor llevó a la Fiscalía a investigar lo que denomina «prácticas mafiosas», extorsiones e intentos de soborno. Al fondo de la pesquisa hay millones de euros en unidades de obra incluso quintuplicadas al cargo. Están imputados en el sumario el conseller insular de Carreteras, Antoni Pascual; el director insular del ramo, Gonzalo Aguiar; y el ingeniero de la obra, Francisco Orejudo.