El director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, abandona junto a su abogado, Josep Zaforteza, la sede de la Policía Nacional tras declarar en calidad de imputado en la 'operación Peaje'. Aguiar quedó en libertad con cargos.

El director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, abandona junto a su abogado, Josep Zaforteza, la sede de la Policía Nacional tras declarar en calidad de imputado en la 'operación Peaje'. Aguiar quedó en libertad con cargos.

Germà Ventayolpalma02/07/09 0:00
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Doce imputados, cuatro supuestos delitos penados hasta con 23 años de cárcel, y una trama perfectamente organizada para desviar dinero del Consell de Mallorca durante el desarrollo de las obras de la carretera Palma-Manacor.

Esas son, según la Fiscalía Anticorrupción, las líneas básicas de la denominada 'operación Peaje' investigada desde el pasado mes de marzo por el Juzgado de Instrucción 5 de Palma tras una querella criminal presentada por Anticorrupción y que se saldó, inicialmente, con la detención durante unas diez horas del director insular de Carreteras Gonzalo Aguiar, el ingeniero-director de Obras del Consell de Mallorca, y también de F. O. y G. M., vigilante de Carreteras. Aguiar quedó en libertad con cargos, y F.O. y G.M. constituyeron sendas fianzas de 125.000 y 75.000 euros para eludir la cárcel.

Otro querellado es el vicepresidente del Consell de Mallorca y conseller insular de Obres Públiques, Antoni Pascual, al que el Ministerio Público reprocha «su actitud pasiva» ante el fraude. El resto de incriminados J.N., jefe de producción de la UTE adjudicataria de las obras de la carretera Palma-Manacor y los administradores de las entidades Promociones Sud Manacor Sl, Electro Hidráulica de Manacor, Germans Cloquell de Montuïri, Pozos Sa Pobla y Fustería Ribot de Petra.

Los delitos imputados en esta causa son: malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y prevaricación.

La Fiscalía afirma que los principales querellados (Aguiar, F.O. y G.M.) idearon, planificaron y ejecutaron una serie de actuaciones para «apoderarse de ingentes cantidades de dinero de los fondos públicos del Consell de Mallorca».

Para ello, realizaron grandes obras de reforma de sus respectivos domicilios particulares utilizando a empresas que facturaban y cobraban el precio de dichas obras de la UTE adjudicataria, y también, exigieron dinero de particulares y empresas titulares de establecimientos abiertos al público en los laterales de la carretera.

También los tres querellados «procedieron a exigir partidas de dinero a personas titulares de establecimientos, bajo las amenazas veladas de no ejecutar carriles o vías de acceso hacia sus negocios», según la querella criminal de Anticorrupción.