El cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la energía nuclear en España, una polémica que pone en un brete al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue demorando una decisión definitiva sobre el futuro de esta instalación. Detrás de Garoña, se quiera o no, está el modelo energético de España para las próximas décadas, una cuestión de enorme calado estratégico en la que deben sopesarse los argumentos técnicos y, también, los políticos.
La oposición a la energía nuclear sigue teniendo como principal argumento los enormes riesgos que conlleva una central en el caso de un accidente (lo ocurrido en Chernóbil en 1986 tuvo un impacto brutal en la opinión pública) por las peligrosas consecuencias que acarrea tanto para la población como para el medio ambiente. Por el contrario, son crecientes las voces que defienden una revisión de las tesis en contra de la energía nuclear como una fuente importante de combustible alternativo al consumo de carbón y derivados fósiles para generar calor y electricidad, basándose en su menor impacto medioambiental y el notable incremento de las medidas de seguridad en torno al manejo y explotación de estas centrales.
El Gobierno no parece dispuesto a librarse del compromiso político de cerrar Garoña, aunque ello no debería significar clausurar el debate en un país como España, en el que la dependencia energética del exterior es apabullante. La importancia y trascendencia de lograr un acuerdo generalizado sobre este tema obliga a un ejercicio de responsabilidad por parte de todas las partes implicadas. La improvisación es una garantía de fracaso.
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