Oscar Collado desciende del furgón policial para ser interrogado por el juez el pasado sábado.

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J. MESTRE/P. CANDIA/P. MATAS

El Consejo de Administración de la Funeraria acordó el jueves el despido del asesor jurídico de la empresa, que está imputado en la trama supuestamente ilegal organizada por el anterior gerente, Óscar Collado.

Ataulfo Del Hoyo trabajaba desde hace muchos años en la Funeraria y recibirá, en principio, una indemnización de unos 96.000 euros.

En la reunión del Consejo de Administración, la presidenta de la Funeraria, Begoña Sánchez, negó que el despido esté relacionado con la implicación del asesor jurídico con las supuestas irregularidades detectadas en la empresa.

Para Sánchez se trata de un despido «por motivos económicos»; es decir, lo atribuyen a los los problemas financieros que padece la empresa municipal, según fuentes de la Funeraria.

Estas mismas fuentes señalan que por la antigüedad que lleva en la empresa el asesor jurídico debería recibir cuatro veces más del dinero que percibirá en concepto de indemnización.

La propuesta del despido del asesor jurídico fue llevada al Consejo de Administración por sorpresa y pocos días después de que se conociese que Ataúlfo Del Hoyo está imputado por el 'caso Funeraria'.

El ahora ex abogado de la EFM es defendido en el 'caso Funeraria' por el bufete de Gabriel Garcías y ha prestado declaración como imputado en dos ocasiones, ante el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, y el juez, que le dejó en libertad sin fianza y con cargos. Los investigadores le atribuyen parte de la responsabilidad en las irregularidades descubiertas en la EFM.

El otro imputado en el 'caso Funeraria' es el constructor J.P., al que se le atribuye elsupuesto hecho de haber proporcionado facturas falsas al principal encausado, el ex gerente de la EFM Óscar Collado.

Rastreo de bienes

Por otra parte, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional está rastreando el patrimonio que puede tener Oscar Collado, que se declaró insolvente en las dos declaraciones, en la Jefatura de Palma y ante el juez, que ha realizado en la como principal imputado en el 'caso Funeraria'.

Collado, defendido por el abogado Jaime Rodríguez Viñals, afirmó que no tiene bienes registrados a su nombre y que el chalet donde vive con su esposa y dos hijas es fruto de una herencia recibida por su actual cónyuge.

Los investigadores intentan averiguar si el ex gerente de la Funeraria, que hoy cumplirá una semana de prisión en la cárcel de Palma, tiene a buen recaudo su patrimonio en algún paraíso fiscal o cuenta bancaria en el extranjero.

La Oficina de Investigación Patrimonial, que tiene su sede en los juzgados de sa Gerrería, ya ha recibido la orden de 'cruzar' con Hacienda y la Seguridad Social todos los datos de Collado, imputado en la causa por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho, prevaricación, y fraude a la administración. La policía judicial registró el domicilio y la oficina del ex gerente de la EFM cuando fue detenido, y se incautó del disco duro de su ordenador y de numerosa documentación que también está siendo analizada. La Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica imputan a Collado lucrarse con la venta de tumbas y de 'hinchar' facturas para apropiarse del diferencial. También, fueron detectadas posibles tratos de favor en la compraventa de sepulturas, y el juez proseguirá con la instrucción de la causa tomando declaración el lunes a varios imputados, entre ellos, el portavoz del PP en Cort, Rafael Durán.