Entre las personas citadas figuran funcionarios de la EFM, empresarios, el portavoz del PP en el Ajuntament de Palma, Rafel Durán, y un familiar del tenista Carles Moyà, propietario de una empresa de pinturas, según pudo saber este diario. Todos ellos deberían haber comparecido ayer, pero un defecto de forma en las citaciones lo impidió. Sólo acudió el actual gerente de la EFM, Joan Martí.
Los nombres de todos ellos aparecían en la amplísima documentación incautada en el domicilio particular de Collado y en la propia EFM durante los registros practicados por la comisión judicial dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, y de la que también formaba parte el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional.
Durán, portavoz del PP en Cort, solicitó ayer mediante una instancia un certificado del ingreso efectuado por sus padres por la adquisición de una sepultura en el cementerio, el cual le fue emitido por la EFM por un importe de 4.800 euros. Hasta ahora no ha trascendido el tipo de sepultura que adquirió por este importe.
El objetivo del juez y del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, es agilizar al máximo la toma de declaraciones correspondientes a la fase inicial de la instrucción del 'caso Funeraria' para que pueda haber una decisión sobre la situación procesal de Collado.
Las testificales permitirían al juez instructor pronunciarse sobre el recurso presentado por el abogado del ex gerente de la Funeraria, Jaime Rodríguez Viñals, que ha solicitado la libertad, con o sin fianza, de su cliente.
El ex gerente de la Funeraria habría admitido en las declaraciones que ha hecho en la Policía y ante el juez algunas de las irregularidades denunciadas, entre ellas, la de haber extraído dinero de la caja con vales a cuenta que más tarde procedía a devolver.
El gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), Joan Martí, declaró ayer ante el juez en relación con el 'caso Funeraria'. Al finalizar su comparecencia, el directivo de la EFM de Palma comentó que «las irregularidades que hemos detectado hasta ahora afectan a alrededor de una docena de personas» en operaciones de compraventa de sepulturas «en distintos sectores del cementerio». Martí admitió que en la mayoría de los casos no figuraban en la contabilidad de la Empresa los pagos efectuados por los particulares que habían adquirido las sepulturas, circunstancia que, desde su punto de vista, «nos obligará a buscar una solución para regularizar esta situación». El actual gerente de la EFM reiteró que todavía no hay una valoración global del importe de la supuesta estafa que se podría haber cometido ya que, indicó que el importe varía entre los 30.000 euros de una cripta de ocho unidades y los 1.300 euros de un nicho, «aunque también había capillas, cuyo valor es de unos 60.000 euros», precisó Martí.
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