Tres nuevos imputados declaran ante el juez que no se llevaron 'ni un euro del Ibatur'

Se trata de los padres y una amiga de la familia del primer detenido en la causa, el ex asesor jurídico y gerente de Ib-Blau, Miguel Àngel Bonet.
Todos ellos -defendidos por el abogado Andrés Buades de Armentaras- declararon ante el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, el fiscal Miguel Àngel Subirán y el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, entre el lunes y el martes, y coincidieron en afirmar que no se llevaron «ni un euro del Ibatur».

Los tres nuevos imputados -los otros dos son Bonet y su ex cuñado Alberto Garí, que se encuentran en libertad bajo fianzas de 85.000 y 21.000 euros, respectivamente- facilitaron a Bonet el acceso a sus respectivas cuentas bancarias para que éste procediera a depositar diferentes sumas de dinero procedentes del Instituto Balear de Turismo (Ibatur).

Explicaron que desconocían que estaban haciendo algo ilegal, y que aceptaron colaborar con Bonet porque confiaban plenamente en él, según pudo saber este diario.

Bonet explicó en su momento ante el juez de guardia que empezó a embolsarse dinero del Ibatur a partir de 2003, con unas facturas por trabajos realizados por C.K., «una conocida de su padre», por los que cobró 12.000 euros. Admitió que los trabajos eran ficticios, y que siguió con la misma estrategia para quedarse con otros 11.000 euros, dinero que depositaba en la cuenta de C.K.. Dijo que ella nunca sospechó nada, y que en ninguna ocasión de quedó con parte de ese dinero. Con respecto a S.G., fue interrogada ayer debido a que Bonet depositó 6.000 euros en su cuenta de Bancaja.

Bonet también exculpó a sus padres, por ello, tras la declaración el juez les dejó en libertad con cargos pero sin fianza.
El magistrado Lope Sola ha declarado el secreto del sumario del 'caso Ibatur', y está a la espera de que la policía y Anticorrupción finalicen las tareas de análisis de la ingente documentación incautada en los distintos registros realizados en la sede del Ibatur durante las últimas semanas. La causa investiga, asimismo, los contratos firmados con proveedores en la pasada legislatura.