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La Direcció General de Consum ha abierto un expediente sancionador a Gesa-Endesa por «imposición injustificada de cuantías mínimas y, en general, haber realizado una actuación que supone un incremento abusivo de los precios y márgenes comerciales». Así, lo anunció ayer el director general de Consum del Govern, Diego González, que argumentó que la empresa eléctrica había incumplido el apartado 9 del artículo 48 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Balears. «Se ha producido un cobro indebido y nada impedía haberlo hecho bien», aseveró.

El expediente sancionador será entre grave o muy grave, en función del número de clientes afectados, por lo que la multa oscilará entre 30.000 y 600.000 euros. En total, Gesa tiene unos 550.000 contratos con hasta 10 kilowatios (kw) de potencia contratada y la gran mayoría de ellos han resultado afectados.

González recordó que en la factura de abril Gesa devolverá lo que ha cobrado de más, que oscila entre céntimos y unos pocos euros. Esto se debe a que la Direcció General d'Indústria le obligó a refacturar a todos sus clientes y no sólo a los que hubiesen presentado una reclamación, puesto que las asociaciones de consumidores pusieron una reclamación colectiva, que afecta a todos los usuarios.

Durante la presentación de la «Guía del Consumo Responsable en la economía familiar», González señaló que ya no es necesario presentar reclamaciones.

Desde Gesa-Endesa no han querido pronunciarse sobre esta nueva sanción, que se suma a la que ya ha anunciado la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia por el apagón que se produjo el pasado mes de noviembre en Mallorca y Menorca. En este caso la multa oscila entre los 600.000 y los 3.000.000 euros.

Por otra parte, el director general de Consum manifestó que continúan las investigaciones para esclarecer si Gesa ha realizado «un desplazamiento» y ha cobrado lo consumido durante verano en enero, cuando la electricidad subió un 4 por ciento. Además, han informado a la Direcció General d'Indústria. Como ya anunció Ultima Hora, esta investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por la Asociación de Consumidores de España en Balears, al detectar una facturación lineal en verano, que es cuando suelen producirse las puntas de consumo.