La Conselleria de Mobilitat del Govern presentará una demanda civil para reclamar judicialmente los cerca de 28 millones de euros que se gastaron en la reparación para subsanar las deficiencias en la ejecución del proyecto del metro. El Ejecutivo pretende de esta manera que la responsabilidad sobre las actuaciones que propiciaron el sobrecoste se dictamine en los juzgados para que, así, se reembolse a la Administración esta cantidad.
El departamento que dirige Biel Vicens prepara esta demanda al margen de las irregularidades presupuestarias que investiga la Fiscalía "por los posibles delitos de falsedad, malversación, estafa y apropiación indebida", como explicó ayer Vicens en el Parlament. La auditoría jurídica sobre el metro "realizada por la consultora Deloitte" aconsejó a Mobilitat actuar de esta manera cuando las empresas adjudicatarias se negaron a asumir el coste de algunas de las reparaciones.
Vicens explicó que las mismas adjudicatarias se han hecho cargo de las obras para subsanar las deficiencias, pero que sobre determinadas actuaciones no quieren asumir el coste de la reparación porque alegan que durante la ejecución del proyecto se limitaron a seguir las directrices marcadas por la dirección de la obra. Por eso el objeto de la demanda es que se dictaminen las responsabilidades entre las empresas contratistas, la ex directora de obras de los Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), Ana García, y la empresa consultora que avalaba la tarea de ésta, Global PM.
Vicens consideró «surrealista» la exigencia del PP para que presente su dimisión. «Lo que hacemos es arreglar el desastre del equipo anterior. Me pregunto si lo que quiere el PP es que no se investigue nada para depurar responsabilidades», dijo Vicens, quien recordó que su departamento no ha hecho ninguna acusación contra los anteriores responsables políticos.
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