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AGENCIAS-PALMA
El ex gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), Rafael Pons, afirmó ayer tener las «manos limpias» y no poseer «ninguna caja de Cola Cao», en relación a la denuncia realizada por el Govern ante Anticorrupción tras hallar un desfase de 3'8 millones de euros en la construcción del metro. Pons criticó el «linchamiento político en fascículos» que, según él, está realizando el actual Govern al PP.

De los 3'8 millones de euros, 2'5 millones corresponden a pequeñas obras y otros 1'3 al pago sin contrato previo a la consultora Global PM, a la que se encargó el control y el seguimiento de las obras. Según Pons, los 1'3 millones se otorgaron a la consultora porque la empresa fue la adjudicataria de un concurso público y, además, se realizó un «convenio específico» para financiar las obras del metro.

En este sentido, subrayó que sí que se hizo ese trabajo y que se «imputó a un convenio específicamente preparado» para la financiación del metro. Pons aseguró que Global BM Prointec no hizo sólo ese encargo, sino que también trabajaron en el soterramiento, tanto en el proyecto como en la asistencia a la dirección de obra, y en otros trabajos como el aparcamiento de Inca y en la supresión de varios pasos a nivel. Por otra parte, en cuento a los 2'5 millones de euros que el Govern apunta que son obras certificadas y no ejecutadas, Pons remarcó que la ley prevé que las mediciones definitivas se realicen una vez concluida la obra en cuestión.

Por ello, consideró que el actual Ejecutivo «vende» este tema como si fuese un asunto de corrupción cuando «es lo normal en todas las obras». Por otra parte, apuntó que la ley también permite superar un 10 por ciento de diferencia con el presupuesto de adjudicación que estaría en 15 millones de euros, mientras que la «desviación» que alega el Govern es de 2'5 millones.

El ex gerente de SFM ya compareció el pasado sábado junto a la ex consellera de Obres Públiques, Mabel Cabrer, para aclarar estos asuntos.
Pons aseguró que el Govern está hablando de un gasto de 1'3 millones en asistencia técnica, cuando el propio Ejecutivo autonómico actual destina «2'5 cada año» para este fin. «¿Qué obra están ejecutando que tenga envergadura para justificar 2'5 millones al año y 10 en cuatro años?». Pons reiteró que los otros 2'5 millones de presuntas irregularidades corresponden a certificaciones mensuales que deben cotejarse en la liquidación final de la obra.