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La familia Matas-Areal encargó obras en la vivienda de la calle de Sant Feliu dos años y medio antes de comprarla. Así se desprende de las declaraciones y pruebas aportadas por un aparejador que ha sido citado a declarar ante los guardias civiles que investigan, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el patrimonio de Jaume Matas.

Desde el entorno del Colegio de Arquitectos de Baleares se asegura que el aparejador ha entregado la copia de una «hoja de incidencias», con fecha 28 de mayo de 2004. La hoja recoge, en primera persona y por parte del aparejador que «encontrándome en el edificio número 8 de la calle de Sant Feliu de Palma observé a un obrero que hacía unos agujeros en una pared de la primera planta». Esta planta es la que después fue comprada por el entonces presidente y su esposa.

En el mismo escrito el aparejador señala que «el obrero es de la empresa Denario, el propietario de la cual es el restaurador Antoni Obrador Vidal». Este ha reconocido recientemente que ha efectuado labores de asesoramiento a la familia Matas-Areal en el 'palacete' de la calle de Sant Feliu.

En su declaración, otro empresario que trabajó en la casa de Matas declaró que quien llevaba la dirección de la restauración era Obrador Vidal, el cual le pagó el trabajo con dinero 'negro'. Vidal aseguró que no había pagado dinero 'negro' a nadie y que su trabajo era «por amistad» con el matrimonio Matas-Areal. Obrador señaló que el único trabajo por el que había cobrado era por la instalación de las cortinas.

Dentro de las investigaciones que se llevan a cabo por la Guardia Civil se tiene la declaración de un fontanero de la part forana que ha declarado que en el año 2005 «alguien de la familia del president» le encargó trabajos para el casal. El encargo se realizó en enero del mismo año y se trataba de la instalación de grifos, aparatos de fontanería y una sauna. El fontanero admite que cobró cerca de siete mil euros aunque en un apartado precisa que «algunas de las cosas que me encargaron el 2005 las instalé a finales de 2006», cuando, en noviembre, ya se había formalizado la compra del inmueble.

Otra de las personas que ha declarado es un responsable de la comunidad religiosa que era la propietaria del edificio, el cual manifestó que el inmueble se encontraba en muy malas condiciones, dando a entender que podía resultar más cara su restauración que la compra por sí misma.

Otra declaración corresponde a un hombre que hizo de intermediario por parte de la comunidad religiosa, el cual indica que se interesaron por la compra del 'palacio' una empresa constructora, un bufete de abogados y después la sociedad Nova Labritja. En relación con el bufete de abogados dice que «era el de Buades».

En la misma declaración añade que en una visita que se hizo al edificio estaba presente la esposa del abogado Joan Buades y «cree» que también el mencionado jurista, además de Giuseppe Violante, que era uno de los administradores de Nova Labritja.