«Los promotores queremos que las tramitaciones se hagan en el menor tiempo posible. El administrado siempre tiene que cumplir con la Administración, pero la Administración puede llegar a tardar entre seis y siete años en aprobar una licencia», se quejó Oliver. Los contructores pretenden que la ley del suelo contemple compensaciones para estos casos.
En relación a las limitaciones en suelo rústico que prevé la ley del suelo, el presidente de la patronal de promotores explicó que afectará poco a este colectivo. Oliver señaló que ningún promotor profesional trabaja en suelo rústico ya que habitualmente lo hacen en suelo urbano. «Si en Balears se construyen 10.000 viviendas al año en suelo urbano, en suelo rústico sólo se construyen 500 particulares», dijo.
Por otro lado, las asociaciones agrarias mostraron ayer su preocupación ante el conseller d'Ordenació del Territori, Biel Vicens, por que la ley del suelo no suponga una merma en las actividades que desarrollan los payeses. El presidente de Asaja, Biel Company, remarcó tras un encuentro con el conseller que no se deben hacer leyes restrictivas «con la excusa del medio ambiente» para que «acaben pagando el pato» los payeses.
Por otro lado, el PP, a través de Carlos Simarro, dijo que las diferencias que pueden existir en relación a la ley del suelo no son «insalvables».
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