La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha dictado un auto por el cual da traslado a las partes personadas para que califiquen los hechos, paso previo a la apertura de juicio oral.
Al tratarse de un delito que conlleva penas inferiores a los 9 años, Viñals y Amengual se sentarán en el banquillo de acusados de un juzgado de lo Penal, según confirmaron a este diario fuentes vinculadas a la causa.
Los dos funcionarios fueron imputados por un supuesto delito de cohecho el pasado mes de febrero, cuando el caso salió a la luz pública a raíz de una querella criminal presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Ambos «informaban al público de las posibilidades edificatorias de los distintos solares y terrenos de Palma, y obtenían diversas sumas de dinero para agilizar la tramitación administrativa», según la querella.
A ese presunto delito se le unió el de tráfico de influencias, pero tras la prolija instrucción desarrollada en los últimos meses, y la colaboración de los imputados, los delitos se han reducido sólo a uno: negociaciones prohibidas a funcionarios. Viñals y Amengual, defendidos por los abogados Laureano Arquero y Joan Buades, respectivamente, han limitado el alcance de la querella inicial presentada por el Ministerio Público.
Viñals, por ejemplo, negó todas las acusaciones de los diferentes testigos, que atribuyó a «envidias profesionales y animadversión personal».
Lo propio hizo Amengual, que aportó diversa documentación en el juzgado para corroborar su versión. Una de las principales imputaciones contra ambos aparejadores fue la de que cobraban por proyectos que no eran suyos y retrasaban las licencias que no controlaban.
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