El president del Govern, Francesc Antich, regresó satisfecho de su encuentro con la titular del Ministerio de Fomento, Magdalena Àlvarez, a la que logró el compromiso de la firma de un nuevo convenio viario a partir del próximo ejercicio y que las obras podrán ser tuteladas desde los respectivos consells insulares. Poco o nada se sabe de la financiación estatal de uno de los proyectos emblemáticos del Ajuntament de Palma, el tranvía que debe recorrer la Platja de Palma, mientras que respecto a la deuda pendiente de los proyectos ya ejecutados y financiados por el Govern durante la pasada legislatura, alrededor de 300 millones de euros, es una cuestión que se quiere dejar en manos de los Tribunales.
Àlvarez ha demostrado en diversas ocasiones su escasa sensibilidad respecto a las carencias en materia de infraestructuras que tiene Balears, una actitud que le ha acarreado no pocos problemas al Govern con cuya sintonía ideológica parece que es un elemento que, de manera sorprendente, en nada propicia el acuerdo. La posición del Ministerio de Fomento es, con independencia de su oportunidad política, en esencia injusta; una valoración en la que coincide hasta el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y su ministro de Economía, Pedro Solbes.
Balears no logra superar la marginación permanente a la que se le somete desde la Administración central en materia de inversiones públicas, incluso cuando se trata de pagar aquéllas cuya liquidación se adelantó desde el Govern entonces presidido por Jaume Matas. Con estos precedentes están más que justificadas las reticencias respecto a la solución final que supondrá la aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica. El problema continúa.
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