Josep Maria Aguiló28/10/08 0:00
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El pleno celebrado ayer aprobó las nuevas tarifas de Emaya y también las tasas, impuestos y precios públicos del próximo año, con el voto a favor del equipo de gobierno y el voto en contra del PP. Entre medias, hubo tiempo para que se citase al orador romano Cicerón, a Napoleón Bonaparte o al filósofo francés Rousseau, o para que parte del público asistente dirigiera "un pleno más" gritos contra el teniente de alcalde de Benestar Social, Eberhard Grosske, del Bloc, o para que otra parte del público hiciera... pompas de jabón.

El teniente de alcalde de Hisenda, el socialista Andreu Alcover, defendió el incremento medio previsto para 2009 en las tasas e impuestos, que será de un 5'5 por cien, a la vez que reconoció que un aumento de un 40 por cien en dos años en la Tasa de Incineración de Residuos Sólidos Urbanos (TIRSU) era «excesivo», si bien recordó que las personas con menos recursos podrán pagar un 50 por cien menos en dicha tasa y también que Cort intentará que el aumento de la TIRSU por parte del Consell sea menor a partir de 2010.

Por su parte, tanto la portavoz de la oposición y alcaldesa en el pasado mandato, la popular Catalina Cirer, como el regidor popular Julio Martínez, criticaron los aumentos previstos no sólo en la TIRSU, sino también en otras tasas e impuestos, a la vez que cuestionaron de nuevo el desarrollo del proceso administrativo seguido hasta la aprobación de las tasas e impuestos. La presidenta de la Fepae, Soledad Sarabia, que pidió la congelación de las tarifas, y vecinos de Bellavista se sumaron a las críticas.

Por otra parte, los momentos de mayor tensión en el pleno se vivieron durante el debate del punto en el que el portavoz adjunto de la oposición, el popular Rafel Durán, presentó su propuesta de reprobación del regidor de Seguretat Ciutadana, el socialista Antonio Donaire, por los incidentes habidos a raíz del gran dispositivo policial desplegado el pasado 29 de agosto junto al solar en donde se ubicará, de forma provisional, el Servei d'Acolliment i Promoció Sociolaboral (SAPS), ubicación que rechaza una parte de los vecinos.