Durante este año, la cifra de víctimas de la violencia machista han experimentado un notable descenso, aunque las cifras siguen siendo dramáticas -36 según el último recuento-. El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha admitido que el mes de agosto suele ser especialmente trágico por el incremento de la convivencia familiar y el abandono de la rutina, todo un sarcasmo.
Uno de los aspectos que no pueden dejar de sorprender son las condiciones en las que se acaban gestando estos comportamientos de violencia extrema, de los que no se libran jóvenes que apenas han alcanzado la mayoría de edad, como ocurrió hace unos días en una localidad próxima a Salamanca. Las leyes, que han endurecido los castigos, se muestran incapaces de vencer los arrebatos más primarios de la condición humana y sus trágicas consecuencias.
La búsqueda de medidas para frenar esta sangría incluye la vigilancia del cumplimiento de las medidas de alejamiento que dictan los jueces, las cuales requieren un creciente número de efectivos policiales que los sindicatos ya advierten que son insuficientes para garantizar la seguridad de las víctimas potenciales. El Estado, que promueve la presentación de las denuncias, tiene que poner en servicio las medidas necesarias para proteger a las mujeres que están en riesgo de ser atacadas.
En todo caso, no cabe duda que la sociedad española ha avanzado mucho en los últimos años respecto a la condena de esta auténtica lacra social. Las campañas han logrado crear una nueva conciencia respecto a la nula tolerancia en lo concerniente al maltrato a las mujeres, una batalla en la que, en ocasiones, da la impresión que no se logra avanzar.
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