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El Grup Drac, integrado por catorce sociedades propiedad del promotor inmobiliario y presidente del Mallorca, Vicenç Grande, ha realizado a través del abogado Joan Font, el pago correspondiente a las tasas judiciales del concurso de acreedores que presentó hace unas semanas por un pasivo de unos 600 millones de euros.

Según confirmó ayer Joan Font, el Grup Drac ha abonado la cantidad que le era solicitada a efectos legales por este proceso, un pago que debía realizar ayer y que era requisito imprescindible para admitir dicho concurso de acreedores.

El Grup Drac presentó el pasado 16 de abril un concurso de acreedores voluntario (antigua suspensión de pagos) por un pasivo de 600 millones de euros, declarando, asimismo, activos que prácticamente, doblan esa cantidad.

El concurso de acreedores, probablemente, será declarado por la juez de lo Mercantil 2, ya que el titular del juzgado 1, Víctor Fernández, se encuentra de baja «especial» por estudios.

Es probable que la juez requiera más información para conocer con exactitud la situación financiera de Grande, entre ellas, auditorías, balances de todas las sociedades de los tres últimos años y la relación completa de acreedores, circunstancia que podría retrasar la declaración del concurso voluntario de Grande hasta la tercera semana de julio.

El empresario ha presentado ante el juez un patrimonio valorado en unos 1.100 millones de euros, integrado por las fincas de Es Pagos, Es Revolt, Pontiró, Son Ripoll, Peguera, Son Macià, Son Rosinyol, Can Ribes y Can Garriga, entre otras, además de numerosas promociones, hoteles, edificios y polígonos industriales.

El Juzgado de lo Mercantil ha atendido decenas de peticiones diarias de abogados y economistas para desempeñar el puesto de administrador judicial del concurso de acreedores voluntario presentado por Grande.

Según los expertos, la figura del administrador judicial es una gran desconocida en la práctica judicial española, pese a que se revela como un arma de gran eficacia en el aseguramiento del resultado de los procesos judiciales. El administrador actúa bajo el mandato judicial y su función es la de administrar determinados bienes ajenos; pese a la falta de regulación suele ser un profesional titulado superior y con habilidad reconocida para la gestión de patrimonios. Su cometido no es fácil, ya que debe asegurar el cobro a los acreedores.