El lehendakari Juan José Ibarretxe avanzó ayer un paso más en su anunciada promesa de convocatoria de un referéndum sobre el futuro político del País Vasco, una pretensión que el Gobierno central pretende vetar mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional. La actual es, sin duda, una de las situaciones más delicadas de la política española.
Las pretensiones de Ibarretxe son extemporáneas y ponen en una situación incomodísima a Zapatero, cuya fórmula de diálogo hasta la extenuación es ignorada por el dirigente vasco. El plebiscito que plantea el lehendakari está, por razones obvias, fuera de la Constitución ya que carece de competencias para realizarlo aunque carezca de carácter vinculante. Sin embargo, al margen de las consideraciones jurídicas existen razones políticas y morales que deslegitiman las aspiraciones soberanistas del proyecto del Gobierno vasco.
Llama la atención que en las preguntas de Ibarretxe "que figuran en el texto de la ley que deberá aprobar el Parlamento vasco" no hay el mínimo atisbo de condena a la organización terrorista ETA con la que admite estar dispuesto a negociar, un principio que debería ser innegociable para poder plantear una pretensión de estas características; una afrenta para las víctimas de la violencia etarra.
La manifiesta soledad política de Ibarretxe le obligará a pactar con el brazo político de ETA en el Parlamento vasco para poder sacar adelante su iniciativa; otro elemento que deja muy clara la perversidad de sus planteamientos. En el País Vasco no se dan las condiciones necesarias de libertad para hacer este tipo de pretensiones.
Todo indica que la de Ibarretxe es una peligrosa maniobra política con vistas a un adelanto electoral ante el previsible desarrollo de los acontecimientos y ganar tiempo.
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