La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, estudia debatir en sesión plenaria la segunda denuncia de la Fiscalía contra el ex concejal de Urbanismo Javier Rodrigo de Santos, por un presunto agujero económico en los presupuestos del Parc de sa Riera, que se habría generado al destinar una partida de 1'4 millones de euros al pago de un juego infantil.
Según expuso la primera edil ayer, la factura por la compra de una réplica precisamente de ese castillo en forma de juego infantil remitida por la firma sueca Hags a la Empresa Municipal de Obras Viarias (EMOV) está «pendiente de pago», mientras se estudia la situación.
A este respecto, Calvo señaló que «ni tenemos ese dinero, ni la factura que se nos reclama va acompañada de un expediente administrativo», e indicó que «llama la atención» el «elevado» importe, así como la «falta» de procedimiento administrativo, circunstancias que «dispara todas las alarmas con respecto a una mala gestión por parte del Gobierno municipal anterior», aseveró.
Además, explicó que el consejo de administración de la EMOV, en el que participan ediles de la oposición (PP), debatió en varias ocasiones desde que Calvo llegó a la alcaldía el proceso de adjudicación de elementos del Parc de sa Riera e, incluso, se encargaron varios informes jurídicos para esclarecer algunos aspectos.
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