Los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, han confirmado que, en contra de lo que podría suponerse, el alud migratorio en Balears se mantuvo en el transcurso del pasado año de 2007, cuando la cifra de inmigrantes legales alcanzó las 166.936 personas, con un incremento "sólo durante el último ejercicio" del 27'6 por ciento.
El perfil de los nuevos ciudadanos matiza algunos prejuicios. La gran mayoría de los inmigrantes procede de Europa, en concreto de países pertenecientes a la Unión Europea, frente a los llegados del Magreb o de zonas subsaharianas. En todo caso, llama la atención el importante volumen de residentes procedentes de Bulgaria y Rumanía, que el pasado año estrenaron su entrada en la UE, circunstancia que, casi con total probabilidad, fue aprovechado por la mayoría para regularizar su presencia en España.
En cualquier caso, las cifras de la inmigración legal "de la ilegal se desconoce su magnitud real" en Balears pone de manifiesto su extraordinario impacto social. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, planteaba hace unos días la confusa exigencia de cumplimiento de las costumbres españolas a los extranjeros; pintoresco e indeterminado compromiso que también se plantean otros países de nuestro entorno. Lo cierto, entrando en el fondo de la cuestión, es que ni Zapatero ni Rajoy han logrado concretar cuál será su política en materia de inmigración para los próximos años.
Mal pronóstico tiene un problema al que nadie quiere hacer frente, dejar pasar el tiempo, sin definir qué y cómo se aborda, garantiza que en el futuro la situación será todavía más grave. Una insentatez.
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