Decepcionante e injusto podrían ser los calificativos aplicables al resultado final de la reunión mantenida entre el Ministerio de Fomento y el Govern sobre la rebaja en los vuelos interinsulares, un acuerdo que modifica, a la baja, las ventajas de la declaración de servicio público de las conexiones aéreas entre Mallorca, Menorca y Eivissa. El enrevesado sistema que se quiere aplicar, que rebaja en un 7 por ciento las tarifas actuales en el 50 por ciento de las plazas y permite incrementarlas un 25 por ciento en el resto, sólo se puede interpretar como una claudicación más ante los intereses de las compañías.
La Administración, tanto estatal como autonómica, se muestra remisa a admitir que los vuelos interinsulares que utilizan los ciudadanos "en especial los de Menorca y Eivissa" no son un capricho, un lujo prescindible por otros medios de comunicación alternativos. En absoluto. Volar a Mallorca es, en muchos casos, la única alternativa posible para miles de menorquines e ibicencos para enlazar con vuelos a diversos puntos de la Península o Europa, recibir tratamiento médico o cerrar gestiones empresariales o administrativas.
Pues bien, resulta inadmisible que los pasajeros de un mismo vuelo paguen billetes con distinto precio gracias a un sistema complejo y que, a tenor de las informaciones recabadas, carece de sistemas de control eficaz sobre las tarifas que, en cada momento, pueden aplicar las distintas compañías aéreas.
Ministerio y Govern deben asumir que ese no es el camino. La declaración de servicio público conlleva unas obligaciones "tarifa única y asequible" que la Administración debe aplicar, como lo hace en otros sistemas de transporte. Esta es la clave del problema, el resto son meras pantallas de humo que nada dicen en favor de nuestros gobernantes.
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