Las asociaciones empresariales de constructores y promotores inmobiliarios acusan al Govern y al Consell de Mallorca de generar inseguridad jurídica al aprobar desclasificaciones y moratorias urbanísticas parciales después de que estén aprobadas hace años las Directrices de Ordenación del Territorio y más recientemente los Planes Territoriales Insulares, los cuales, incluso, todavía no están vigentes en el caso de Mallorca a la espera de que los municipios adapten sus planeamientos urbanísticos.
Las patronales valoraron de esta forma la aprobación anteayer de una nueva norma cautelar por parte del Consell de Mallorca que paraliza la construcción de 19 urbanizaciones en la Isla.
Las asociaciones empresariales afirman que se está repitiendo la situación de «tiempos pasados», cuando las autoridades políticas discutían este tipo de medidas generando la consiguiente inseguridad jurídica y reducción de la actividad en el sector de la construcción.
El director general de la Asociación de Constructores de Balears, Manuel Gómez, afirmó que el sector quiere que establezcan unas reglas de juego claras para que las empresas puedan planificar sus inversiones y actividad. «Pensábamos que las reglas del juego ya estaban marcadas con las DOT y los planes Territoriales y, ahora, vuelven a sorprender a los inversores decretando nuevas moratorias y desclasificaciones de suelo que repercutirán negativamente en la economía de Balears», afirmó el responsable de la patronal de las constructoras de las Islas.
En los mismos términos, el presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Balears, Gabriel Oliver, añadió que las normas cautelares afectan también a suelo urbano y a licencias en ejecución, lo que a su juicio es una muestra clara de inseguridad jurídica que puede tener consecuencias en cuanto a la planificación empresarial.
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