La Fundación BBVA ha hecho público su informe titulado Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración pública central, 1991-2005, un documento que vuelve a poner a Balears entre las comunidades con mayor déficit fiscal en relación con el Estado, sólo por detrás de Madrid y Catalunya, con 915 euros por habitante. El dato confirma, una vez más, el trato discriminatorio de las Islas puesto que el otro archipiélago español, las Islas Canarias, recibe 1.544 euros por habitante. Las distancias son abismales.
El primer reproche que debe plantearse sobre la balanza fiscal de las autonomías es que los datos que aportan los diferentes estudios que se realizan, de manera periódica, no son oficiales. El Ministerio de Economía se ha negado de manera sistemática a revelar la realidad del reparto de los recursos estatales, tanto en recaudación como en aportación, a las comunidades; un secretismo injustificado que acaba dando pábulo al victimismo territorial.
El análisis de los datos disponibles confirma que la balanza fiscal sigue castigando a Balears, un proceso que acaba siendo un lastre para el desarrollo efectivo de estrategias que permitan resolver las carencias sociales y de infraestructuras que se precisan para garantizar el crecimiento económico de las Islas. El déficit actual es el que obliga a mantener esta histórica actitud mendicante desde nuestras instituciones de autogobierno a la hora de reclamar la financiación necesaria para acometer los grandes proyectos públicos que necesita nuestra Comunitat.
Balears nunca ha cuestionado su compromiso solidario con el resto de España, pero ello no puede interpretarse como un cheque en blanco que acabe dando carta de naturaleza a un agravio inadmisible al esfuerzo del conjunto de la sociedad balear.
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