El atentado perpetrado ayer en Bilbao contra el escolta Gabriel Ginés, mediante la explosión de una bomba-lapa adosada al vehículo que conducía en Bilbao, ha merecido la condena unánime de todo el espectro político democrático español. Todas las voces, excepto las que se sitúan en el entorno de Batasuna, han señalado como única responsable de lo sucedido a la organización terrorista ETA.
La violencia asesina de ETA no puede, ni debe, encontrar justificación social o política. La responsabilidad de las bombas recae, de un modo exclusivo, en quienes las ponen, igual que si aprietan el gatillo, secuestran o extorsionan. Ninguna actividad terrorista tiene, ni merece, amparo en un Estado democrático. En este caso, ETA ha vuelto a cometer un grave error: pensar que con la violencia alcanzará sus objetivos políticos. De nada ha servido la tregua. Los asesinos de ETA no han recuperado el más mínimo sentido común, no han cambiado un ápice su estrategia de sangre y muerte.
Aunque no deja de ser una reiteración, en estos momentos hay que utilizar hasta las últimas consecuencias la principal herramienta del Estado de derecho: la Ley. Desde el Gobierno y por parte de todos los partidos políticos, sean del signo que sean, es preciso recuperar la unanimidad, el frente común, ante la previsible escalada de la violencia. El atentado de ayer en Bilbao, por fortuna sin víctimas mortales, es un paso adelante en el rosario de actos que se estaban produciendo en las calles del País Vasco en las últimas semanas a cargo grupos abertzales radicales y violentos. Sólo teniendo muy claro quiénes son los que están fuera de los márgenes de la convivencia democrática se tiene garantizado el éxito en la lucha contra los violentos.
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