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Sería lo deseable que en el acto de apertura del año judicial la atención se centrara en la presentación de la correspondiente memoria que habla de los progresos alcanzados en la lucha contra la delincuencia. Pero desafortunadamente, en lo concerniente a esta ocasión tan sólo se habló de esa larga y estéril lucha que mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde noviembre pasado. Entonces debieran haber cesado unos vocales que aún hoy permanecen en su cargo por mor de la voluntad de obstrucción de un Partido Popular que con tal de no dar su brazo a torcer fuerza a tan alta institución a la parálisis. Recordemos que la actual composición del CGPJ es de mayoría conservadora y que al producirse su composición, en el año 2001, contó con el apoyo del PSOE. Dadas las circunstancias, resulta casi demasiado sencillo culpar de lo que está ocurriendo, por así decirlo, a la actual oposición. Y en cierto sentido hay que hacerlo, ya que la irresponsabilidad que supone el anteponer intereses partidistas al buen funcionamiento de un tan importante organismo es digna de censura. No obstante, también parece prudente una reflexión relativa tanto a la dependencia que tiene el CGPJ respecto a los partidos, como a la cualificación de quienes lo conforman. Es evidente que el procedimiento de elección de los vocales puede variarse y mejorar, para así evitar situaciones como la que estamos viviendo. Pero hay que admitir que junto a ellos se hace necesario un mayor criterio de selección a la hora de elegir a quienes forman el Consejo. Deben buscarse personas que, obviamente, amén de una sólida formación jurídica, dispongan igualmente de firmes principios democráticos que les lleven más a servir al Consejo que a servirse de él. Y entendemos que éste es el camino que es preciso seguir para evitar situaciones como ésta.