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Un mínimo de 2.464 millones de euros durante siete años. Esta es la inversión que deberá realizar el Gobierno central en Balears durante los próximos siete años para cumplir a rajatabla la disposición adicional novena del Estatut d'Autonomia aprobado por el Congreso de los Diputados con los votos de los diputados del PP y PSOE, además de las minorías nacionalistas.

Los 2.464 millones de euros durante siete años se calculan en base a la diferencia entre la inversión per cápita que recibe Balears y la media estatal. Según datos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2006, la inversión media per cápita de las autonomías de régimen común asciende a 543'79 euros per cápita. A esta cifra hay que restarle la cantidad que ahora mismo invierte el Estado en Balears y que asciende a 185'7 euros per cápita. La diferencia entre la inversión media nacional y la que recibe Balears es de 358'09 euros per cápita. Si esta cifra se multiplica por 983.131 habitantes de Balears -según datos del ejercicio 2006- y los siete años que figuran en el Estatut se obtiene la cifra de 2.464 millones de euros.

Siete años
Sin embargo, esta cantidad de 2.464 millones de euros puede ser bastante superior ya que la inversión per cápita se basa en los Presupuestos Generales del Estado de 2006. De hecho, durante la negociación del Estatut y cuando se estaba calculando la cantidad económica que debía invertir en Balears el Estado en concepto de deuda histórica tanto PP como PSOE cuantificaron muy por encima de los 2.464 millones las posibles compensaciones durante siete años. El PP redondeó la cifra y la situó en 2.500 millones. Desde las filas socialistas aseguraron que las inversiones «pueden ser mucho más de 2.500 millones». El periodo de siete años es el plazo que tienen las dos administraciones para poder impulsar un nuevo Régimen Especial que debe compensar los efectos de la insularidad que padece Balears. A esta fórmula matemática compensatoria durante un plazo de siete años antes de reformar el Régimen Especial de Balears, Antich la calificó de «instrumento financiero» una vez que se alcanzó un acuerdo con el PP.