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La alcaldesa de Palma, la socialista Aina Calvo, reiteró ayer que el Ajuntament sigue redactando el expediente que entregará a la Demarcación de Costas relativo al deslinde previsto en primera línea en todo el término municipal de Palma por este organismo estatal, deslinde que en estos momentos preocupa a la Fepae y a una parte de los vecinos de es Molinar, así como al PP en Cort. Calvo añadió que «en ningún caso se atentará contra los derechos adquiridos ni el Ajuntament invadirá competencias ni dejará que ocurra lo contrario».

«Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y decir que el Ajuntament garantizará los derechos de los propietarios y cumplirá la normativa», dijo.
Cabe recordar que el pasado miércoles, la presidenta de la Fepae, Marisol Sarabia, dio a conocer que un decreto del Ministerio de Hacienda de 1981 vendría a corrobar el criterio que mantiene esta federación vecinal en el sentido de que sería posible en primera línea de es Molinar un deslinde diferente, menos restrictivo, al previsto ahora por Costas. En dicho decreto se cede la calle Vicari Joaquim Fuster al Ajuntament, que desde entonces es propiedad de Cort.

Ese mismo miércoles, Sarabia se reunió con la portavoz de la oposición y anterior alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, quien pidió al nuevo equipo de gobierno que «la ley se aplique» y que «se defiendan los derechos de los vecinos». Asimismo, Sarabia y Cirer pidieron al delegado del Gobierno, Ramon Socías, que «se implique» en la búsqueda de una solución.

Por otra parte, el Ajuntament emitió ayer un comunicado en el que critica al anterior equipo de gobierno porque habría dejado a Cort «fuera de plazo para presentar alegaciones a la propuesta de deslinde realizada por la Demarcación de Costas». La nota añade que, aun así, Cort intentará «encontrar la manera de comparecer oficialmente como propietario afectado en la elaboración del deslinde». El comunicado reconoce, no obstante, que sí se inició en el pasado mandato la tramitación de la petición formulada por Costas para que se suspendiera de manera cautelar la concesión de licencias de obra en todo el litoral del término municipal de Palma. Dicha tramitación fue culminada el pasado 25 de julio por el nuevo equipo de gobierno.