La presentación, ayer, de la nueva Direcció General de Transport Aeri i Marítim, integrada en la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, materializó el interés del Govern por resolver algunas de las cuestiones pendientes que tiene la Comunitat Autònoma en materia de servicio público.
Tiene razón el conseller Vicens cuando califica de «estratégicas» las competencias que gestionará Joana Amengual como responsable de la Direcció General de Transport Aeri i Marítim. En efecto, Balears tiene un claro déficit en sus comunicaciones, tanto interinsulares como con la Península, del que sus principales perjudicados son los ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas; todo ello derivado de unos precios caros y un servicio que en algunos casos dista de ser óptimo "lo ocurrido ayer con un buque de la naviera Iscomar es un buen ejemplo de ello".
En su comparencia ante los medios de comunicación, el conseller Vicens y su flamante directora general hicieron un ejercicio de voluntarismo respecto a la consecución de una solución final del problema que invita al escepticismo. Bien está acercar y participar en la gestión "es un imperativo del nuevo Estatut" de los aeropuertos, por citar un ejemplo, pero ello no es garantía de éxito. Del mismo modo cabe reclamar más prudencia a la hora de plantear la catalogación de servicio público para los vuelos con la Península, ¿todos? ¿incluidos los de bajo coste? ¿los de cualquier destino? Son preguntas que se plantean en un primer momento y de las que los ciudadanos merecen respuesta.
La nueva directora general tiene una ardua tarea por delante, pero debe saber que los contribuyentes piden resultados y no más excusas para los fracasos.
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