Fernández Bermejo añadió que es voluntad tanto del Gobierno de España como del Govern balear que esa transferencia se lleve a cabo en el marco de la presente legislatura nacional -ocho meses de margen hasta la próxima primavera-, pero que «si no fuera posible por cuestiones técnicas, debería ser una realidad en el inmediato futuro».
Para el titular de la cartera de Justicia, que ayer hizo una visita institucional a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), los principales problemas de una transferencia de estas características son «de infraestructuras, es decir, inmobiliarios en el sentido más amplio del término, puesto que todos los partidos judiciales españoles padecen de atomización de las sedes jurisdiccionales», de manera que un principio básico de solución pasaría por concentrar los edificios administrativos. Fernández Bermejo señaló que coincide «plenamente» en ese propósito con el nuevo presidente del Govern balear, Francesc Antich, con quien dijo haber mantenido una conversación telefónica al respecto antes de desplazarse a Palma.
Respecto a la actuación emergente de los fiscales especializados, como el de represión de delitos económicos -Anticorrupción-, el ministro de Justicia recordó haber sido represaliado en su carrera en el Ministerio Público precisamente por haber pedido medios humanos y materiales en ese orden de investigación, y puntualizó que «se está entrando a tope en esos ámbitos por mucho que resulte impactante y desagradable que incluso algún juez resulte alcanzado por la pesquisa», y explicó que en su opinión «el ciudadano ha de estar tranquilo sabiendo que el sistema funciona sin sombra de corporativismo, aunque con la misma premisa de presunción de inocencia para todos».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.