La admisión fue comunicada el pasado 22 de mayo a Joan Pericàs y le informa de que «se inician las actuaciones oportunas con los organismos administrativos competentes».
La queja presentada por Pericàs señala que si bien la perforación está regulada en Balears, no se realiza una adecuada vigilancia e inspección de los pozos abiertos ni de los volúmenes extraídos de agua, lo que lleva a pensar que se superan las cantidades autorizadas.
Pericàs advierte de que, sin el control suficiente, se cae en un elevado riesgo de intercomunicación entre acuíferos contaminados por nitratos o salinización.
Asimismo, la queja también incluye la necesidad de construir una arteria entre el acuífero de sa Marineta de Llubí y Pollença, que además de suministrar agua a este último municipio serviría para infiltrar el acuífero de Crestatx.
En opinión de Joan Pericàs, el funcionamiento de esta arteria hidráulica, impulsada por el Pacte de Progrés y suspendida por el Govern del PP en esta última legislatura, haría innecesarias las actuales plantas potabilizadioras de sa Pobla, Muro y Son Barba, y la construcción de la desaladora de Alcúdia, que está ejecutando el Ministerio de Medio Ambiente.
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