La Junta Electoral, máximo garante de la legalidad electoral, propinó ayer un inexperado «golpe» a IB3, la televisión autonómica de Balears, al obligar a entrevistar a un candidato propuesto por el PSOE, el número 3 de la lista Antoni Diéguez. IB3 se había negado previamente, ya que entendía que la entrevista sólo podía hacerse al cabeza de lista, Francesc Antich, y éste había declinado acudir por entender que no era plural.
Nunca se había visto un fin de campaña tan crispado en Balears. La Junta Electoral tuvo que reunirse de urgencia por la tarde y hoy volverá a ha hacerlo a las nueve de la mañana.
El PSOE había recurrido la decisión y la Junta Electoral le dio la razón, argumentando que la entrevista era con candidatos al Parlament y que Diéguez lo era. La periodista Angela Seguí, directiva de IB3, se encargó de la entrevista. Diéguez, el más duro de los diputados socialistas, no perdió la oportunidad de criticar en directo a la radiotelevisión autonómica y en resaltar que el griterío que se oía de fondo era de los trabajores de una empresa contratada por IB3 (Salom), que se han puesto en huelga. El PSOE ha hecho de las críticas a IB3 uno de los ejes de la campaña.
Los socialistas también llevaron a la Junta otra propuesta que afecta al PP. Quieren que impida una «foto» convocada por el partido con Jaume Matas, Rosa Estaràs y Catalina Cirer en el bar de la nueva estación intermodal. El PSOE lo interpreta como un acto electoral. «Es que no se ha enterado de que la campaña acaba a medianoche», dijeron desde el PSOE. La Junta dio audiencia al PP y hoy se pronunciará.
Sin embargo, la Junta Electoral resolvió archivar la solicitud de suspensión cautelar del voto por correo ante las sospechas de presuntas irregularidades graves en el proceso relacionadas con una compra masiva de votos, al estimar que, en todo caso, corresponde a los tribunales hacerlo.
La Junta Electoral señala que no tiene «competencia objetiva» para resolver la cuestión planteada por el Bloc per Mallorca, quien presentó un escrito ante la Junta solicitando la suspensión cautelar del voto por correo ante los indicios existentes de presunto delito electoral.
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