Tres personas que ayer prestaron declaración en calidad de imputados ante el juez instructor del «caso Andratx», Àlvaro Latorre, defendieron su inocencia en las investigaciones sobre falsedades documentales y coincidieron en afirmar que, en todo caso, eran también «víctimas» en la supuesta trama de corrupción urbanística en ese municipio.
El caso más sorprendente lo protagonizó la ciudadana estadounidense Janet S., que se hizo asesorar por un abogado en la adquisición de un chalet, pero se ha encontrado en medio de una amplia investigación que apunta, inicialmente, al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo y el celador municipal Jaume Gibert.
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción relaciona a S., defendida en la causa por el letrado Carlos Barceló, con un expediente de legalización de reforma y ampliación de una vivienda en suelo ARIP. La licencia le fue concedida, a pesar de que según el fiscal, «no existía vivienda alguna en dicho suelo sino unas ruinas de unos muros que no consta formasen parte de inmueble alguno».
S., que fue auxiliada por un intérprete durante su declaración, alegó que siempre estuvo convencida de que estaba actuando bajo la legalidad más absoluta. Sin embargo, ahora se encuentra testificando en calidad de imputada y con una propiedad supuestamente ilegal. En su caso, la tesis del Ministerio Público apunta a unas fotografías aéreas que, al parecer, dejarían en evidencia las discrepancias entre la nueva vivienda construida y el lugar de las ruinas que se indican preexistentes.
Los otros dos imputados, Juana R.V. y Francisco R. G., también negaron toda relación con supuestas irregularidades para la obtención de las licencias de reforma y ampliación de su vivienda.
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