El Tribunal Superior anula la moratoria de pozos aprobada por el Govern la pasada legislatura

Los afectados pedían la anulación del acto administrativo y que los 315 expedientes resueltos y denegados fuesen aplicados. En la sentencia emitida recientemente se concluye que la instrucción interna aprobada por la Conselleria de Medi Ambient «no constituía la norma juridica adecuada si se pretendia que surgiera efectos ad extra y, en este caso concreto, con relación a los solicitantes de las consiguientes autorizaciones para las extracciones y concesiones de aguas subterráneas». La sentencia falla que la instrucción interna modificaba la normativa existente en materia de autorizaciones de perforaciones y sondeos «constituía una verdadera moratoria con la imposición y prohibiciones que antse no existían». El Tribunal Superior de Justicia entiende que la instrucción «constituyó una verdadera disposición general, aunque dictada de forma inadecuada, que estuvo muy lejos de limitar sus efectos a la propia Administración». La sentencia añade que la instrucción de un director general que denegó 315 solicitudes de extracción de pozos era una normativa adoptada por un órgano incompetente.

Durante esta legislatura, el conseller de Medi Ambient, Jaume Font, ha adoptado medidas para controlar al extracción de nuevos pozos, aunque la medida aprobada por el Pacte de Progrés quedó sin efecto. La Conselleria de Medi Ambient aprovechó la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2006 para introducir otro elemento que endurece la normativa sobre apertura de nuevos pozos. Se pretendía regular las nuevas concesiones. Para extracciones inferiores a 7.000 metros, la nueva normativa vía presupuestos exigió la autorización del Govern y del respectivo Ajuntament. Hasta entonces no era obligatorio hacer esta petición que desde el 1 de enero de 2006 se impuso en todos los municipios.