Cambio de criterio de los fiscales

La incomparecencia de Otegi, presuntamente provocada por un atasco a causa de la nieve, provocó que fuera detenido y trasladado a Madrid en avión y se habilitó una sala especial para poder celebrar la vista en la noche. Los jueces de la Audiencia Nacional actuaron como debían hacerlo, no cabe pues criticar que adoptaran medidas excepcionales. Y, por su parte, la Fiscalía pudo haber ahorrado al Estado y a la Justicia tan engorroso episodio si hubiera retirado la acusación cuando pudo y debió hacerlo, mucho antes, cuando se fijó la vista o posteriormente, pero siempre antes de que se produjera todo el espectáculo de anteayer.

En cualquier caso, Otegi había sido condenado por estos hechos por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un juicio que el Supremo ordenó repetir por la presumible falta de imparcialidad de dos de los magistrados. Es, por tanto, evidente que la Fiscalía ha cambiado de criterio, y es que el Ministerio Público, fuertemente jerarquizado, está dirigido por el Fiscal General del Estado, que, a su vez, es designado por el Gobierno de turno.

El cambio de línea puede obedecer a que la extrema dureza de la aplicación de las leyes contra los delitos de opinión, en los casos de terrorismo, aplicada por los fiscales en tiempos del Partido Popular en el Ejecutivo, se está viendo suavizada notablemente con la llegada del PSOE al poder. Algo que es natural y lógico. Los delitos de terrorismo deben ser perseguidos aplicando todo el peso de la ley, pero no sería admisible que por expresar determinadas opiniones la Justicia traspasara los límites de libertad de expresión que consagra la Constitución.