El titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, Àlvaro Latorre, ha solicitado al Consell de Mallorca que le remita el expediente de la venta de la finca pública Can Domenge, en la primera decisión adoptada tras admitir a trámite la querella criminal presentada contra la presidenta de esa entidad, Maria Antònia Munar, y otros 19 miembros del PP (16) y de su partido UM (3).
El juez estudiará el expediente antes de iniciar la instrucción de una causa abierta por las empresas Josel SL y Anova SL, del Grupo Nuñez y Navarro, que interpusieron una querella criminal por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos oficiales, todos ellos relativos a la venta de Can Domenge.
En la venta de la finca pública, de 52.000 metros cuadrados en los que se pueden edificar 600 viviendas, el Consell decisió acotar el precio máximo de adjudicación a 30 millones de euros, prescindiendo del precio mínimo de salida. El portavoz del Consell de Mallorca, Antoni Martorell, explicó ayer que la institución «colaborará con todo lo que nos pida el juez», y que en ese contexto, «facilitaremos toda la información que nos solicite, porque sabemos que es un tema amparado en diversos informes técnicos y que el procedimiento de precio acotado es perfectamente legal». Añadió que el Consell sabe que hay partidos de la oposición que puedan criticar el método, «ya que hubiesen preferido el sistema de subasta, lo entendemos, pero el Consell de Mallorca ha apostado por un modelo de concurso basado en primar un proyecto significativo, prestigioso y singular, con el visto bueno de arquitectos de reconocido prestigio internacional, como Jean Nouvel», dijo.
«Por lo tanto, la tranquilidad es absoluta, porque aunque el sistema pueda ser cuestionado políticamente, desde el punto de vista legal estamos en un proceso impecable», subrayó Martorell.
Ante la acusación de que el Consell pudo incurrir en un posible delito de revelación de secretos, el portavoz de la entidad explicó que que el mes de octubre ya se habían publicado informaciones en las que se decía que el Consell de Mallorca quería vender el solar de Can Domenge por 30 millones de euros. «Todo el mundo lo sabía porque los presupuestos se aprobaron en octubre, y se fijaba el precio de desafectación de ese solar. Entonces, no hay ningún tipo de revelación de secretos oficiales», precisó. Según Martorell, «la apertura de este expediente es fruto de la obsesión del diario El Mundo por relacionar a Maria Antònia Munar con algún caso judicial; es el resultado de la conexión entre Rodrigo de Santos, El Mundo y el PP», indicó.
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