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LAURA MORRAL
La Conselleria d'Educació fortalecerá las medidas sancionadoras a los alumnos y dará más capacidad de acción a los profesores para que dispongan de más amparo ante una posible agresión física. Esta reforma se hará efectiva a través de un nuevo decreto autonómico que pretende actualizar la normativa sobre los derechos y deberes de los alumnos que data del año 1995.

Se trata de una reivindicación histórica del profesorado de secundaria, y que, ahora, está en manos del Observatori per a la Convivència Escolar. Según ha admitido el director de este organismo, Jordi Llabrés, es una «reforma muy necesaria». Aunque todavía se encuentra en una fase embrionaria, Llabrés ha confirmado que la Conselleria d'Educació tiene previsto ponerla en marcha de cara al próximo curso escolar.

Según el presidente de la Associació de Directors d'Institut d'Ensenyament de Secundària de Balears, Manel Perelló, este decreto tiene que insistir en la necesidad de reestablecer el orden, el reconocimiento y el respeto por la tarea del docente, el respeto por su integridad y dignidad, y en la conveniencia de disfrutar de más protección ante casos de agresiones físicas y morales.

Según Perelló, actualmente hay una sensación de indefensión del profesorado y por contra, una sensación de impunidad del alumnado. La primera causa: la demora de las sanciones desde el momento que se comete una falta grave. «La aplicación de una sanción a un alumno es como un proceso propio de abogados, como un tipo de juicio», critica. El caso es que hasta que no se ha resuelto un conflicto puede pasar un mes. Este nuevo decreto quiere eliminar la obligación que tiene la dirección del centro de tener que llevar ante el consejo escolar cualquier conducta considerada «grave» y darle así más potestad para resolver situaciones conflictivas. Por ejemplo, dice Perelló: si un padre airado agrade a un profesor por haber amonestado a su hijo, el profesor tiene que denunciar el caso por la vía ordinaria y por la misma razón los familiares pueden impugnar el proceso. Todo eso sólo provoca que el conflicto se alargue con todas sus consecuencias. «Esta forma queda muy lejos de las intenciones de conseguir un buen clima en la escuela», dice Perelló. Añade que los Servicios de Inspección Técnica tendrían que dejar más autonomía a las direcciones de los centros a la hora de ejercer sus derechos. «Esta sensación de falta de autoridad es muy compleja, así es muy difícil conseguir un buen clima de convivencia en las aulas», explica.

Aunque asegura que no se tiene que alarmar, «las tensiones existen, aunque todavía trascienden poco». Los pequeños son más dóciles, sin embargo a partir de los 16, 17 y 18 años se hace más difícil la disciplina.