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NEKANE DOMBLÀS
Todos los centros escolares financiados por el Govern, tanto públicos como concertados, deberán elaborar un plan de convivencia escolar encaminado a acabar con las prácticas de 'bullying' o acoso escolar en los centros docentes de las Islas. La obligación de aprobar este plan queda incluida en un decreto que ayer aprobó el Consell de Govern a propuesta de la Conselleria d'Educació, que dirige Francesc Fiol.

El plan deberá incluir las característica del entorno del centro educativo que puedan influir en la convivencia escolar, así como una serie de propuestas de formación y optimización de los recursos, las acciones preventivas que sean necesarias y los procedimientos de actuación específicos en caso de que se produzcan situaciones de violencia o de acoso escolar.

El portavoz del Govern, Joan Flaquer, explicó al término del Consell de Govern que el decreto pretende actuar de forma preventiva para combatir un problema cada vez más frecuente en las aulas. Flaquer explicó además que el plan incluye la obligación de nombrar a un profesor coordinador encargado de velar por el cumplimiento de todos los objetivos del plan. El operativo deberá ponerse en marcha en el próximo curso académico.

El plan deberá entenderse como el conjunto de estrategia y pautas de actuación dirigidas a la comunidad educativa «para fomentar la convivencia, facilitar la prevención de conductas contrarias a la convivencia escolar y resolver las situaciones conflictivas», según señala la nota de prensa del Govern.

Además de este plan anti 'bullying', el Consell de Govern dio ayer su autorización para la creación de una escuela de educación infantil de primer ciclo en el barrio de Son Fuster Nou, en el municipio de Palma. Este nuevo colegio está incluido en las previsiones de la programación educativa de la Conselleria. El centro tendrá una capacidad de cinco unidades y un total de 71 plazas escolares para niños de cero a tres años.

Por otra parte, el Consell de Govern acordó formalizar una denuncia contra el Gobierno central ante la Audiencia Nacional por el incumplimiento del convenio de residencias firmado con el Ejecutivo de José María Aznar. Joan Flaquer explicó que, con esta denuncia, el Govern reclama al Gobierno que pague los cinco millones de euros correspondientes a la anualidad de 2006. En 2005 se presentó otra denuncia por la misma razón.