Maria Antónia Munar, con la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer.

TW
0

NEKANE DOMBLÀS
El Consell de Mallorca está dispuesto a llevar algunos artículos de la ley de capitalidad ante los tribunales. La propuesta partió ayer del PSOE, que anunció que presentarán una propuesta de resolución en el próximo debate sobre el estado de Mallorca para que el Consell actúe jurídicamente en contra de una ley que le quita el control urbanístico en Palma. El conseller socialista Andreu Crespí ofreció ayer una rueda de prensa acompañado por la candidata socialista al Ajuntament, Aina Calvo, para anunciar su oposición a algunos artículos de esta ley. El guante fue recogido de inmediato por el Consell. Un portavoz de la institución anunció que el gobierno está dispuesto a acudir a los tribunales si hay indicios jurídicos que posibiliten esta actuación. El portavoz del PSM, Antoni Alorda, también apoyó la medida política y EU-EV se mostró ayer claramente en contra de las disposiciones más polémicas de la ley. Los votos de UM y la oposición son suficientes para que el Consell decida la presentación de este recurso.

La oposición principal de todos estos partidos a la ley aprobada con los únicos votos del PP es la eliminación de cualquier tutela urbanística del Consell a las decisiones que adopte el Ajuntament de Palma. El artículo 70 de la ley exime a Cort de este control urbanístico, algo que, a la vista de lo que está sucediendo en Andratx, es imprescindible. «La experiencia que estamos viviendo no aconseja suprimir la figura del control de legalidad», señaló Crespí.

Antoni Alorda, en representación del PSM, se mostró de acuerdo con el dirigente socialista en que la aprobación de una ley que ni siquiera ha sido consensuada merece una respuesta política contundente por parte del Consell. No obstante, mostró sus dudas sobre las posibilidades de presentar un recurso ante los tribunales, ya que la institución no tiene posibilidad de dirigirse al Tribunal Constitucional. EU-EV envió ayer un comunicado en el que considera que debe existir una tutela sobre el ejercicio de la competencia urbanística del Ajuntament, por lo que consideran que la ley debería ser revisada para mejorar su contenido en estos aspectos.