El Parlament debate hoy el texto del proyecto de ley de capitalidad, un instrumento pensado para compensar a Palma de los problemas que le supone ser capital de provincia. Es de justicia que la principal ciudad de Balears reciba compensaciones por las desventajas que comporta tener que soportar infraestructuras que después disfrutan todos los ciudadanos de Mallorca. Palma acoge desde el principal vertedero de la Isla, a instalaciones energéticas. El transporte público de la ciudad soporta miles de usuarios procedentes de toda la Comunitat, que se desplazan hasta la capital por motivos de trabajo o por razones personales. Desde un punto de vista económico, bienvenido sea, pues, el proyecto elaborado por la Conselleria d'Interior.
Cosa muy distinta cabe decirse de algunos otros aspectos que también recoge el texto, como la excepcionalidad urbanística que se confiere a Palma, que le convertirá en el único municipio de Balears con autonomía plena en materia de urbanismo. El proyecto que hoy se debate en el Parlament deja al Consell de Mallorca sin ningún tipo de control sobre el urbanismo de la ciudad.
Hechos como lo que se están viviendo estas semanas en el municipio de Andratx desaconsejan esta excepción que se pretende hacer con Palma. Sin dudar ni un ápice de la absoluta legalidad de todas las actuaciones que está llevando a cabo el Ajuntament que dirige Catalina Cirer, también conviene señalar que, en una materia tan sensible como el urbanismo, cuantos más controles existan, mejor para todos los ciudadanos. Palma se merece una ley que compense sus problemas específicos, pero ello no debe ser una excusa para que la capital se quede sin tutelas urbanísticas de ningún tipo. Y menos en estos momentos.
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