Torres Blasco10/12/06 0:00
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El PSOE recurrió ayer ante los tribunales la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma que fijó el solar de Son Espases para ubicar el nuevo hospital que sustituirá al de Son Dureta. Pero no sólo eso: para evitar males mayores, como las indemnizaciones que luego se pudieran generar, también reclama que se paralice todo el proceso y no se inicien las obras.

Añadió que la fórmula elegida para esta concesión, que «el PP ha introducido en España», genera más costes y es más difícil de controlar por la Administración pública.

Todo ello, dos días después de conocerse la decisión de la Mesa de Contratación de encargar a Dragados y a Fomento el proyecto de construcción. El Govern, con ese acuerdo, cambiaba su criterio inicial de adjudicar la obra a otra empresa: OHL.

OHL alegará mañana contra el acuerdo que, principalmente, se basa en dos informes, uno del Colegio de Ingenieros y otro del Colegio de Economistas. No se descarta que, en un futuro, también se recurra a los tribunales.

En su recurso, los socialistas no aluden al fallo del concurso, aunque Vicent Thomás, responsable de Salut del PSIB, aludió a este hecho. Dijo en una rueda de prensa que la concesión se la ha llevado el grupo de sociedades que «más ha presionado» al Govern balear. Recordó que estas empresas han recibido el 90 por ciento de los trabajos concedidos por la Comunidad Autónoma.

En su recurso ante los tribunales, los socialistas indican que la elección de la finca Son Espases como emplazamiento del hospital de referencia de Balears estaba «premeditada» de antemano y que luego se cambió el Plan General. En este sentido, el secretario general del PSIB, Francesc Antich, explicó que una empresa, CYGSA, con sede en Madrid sólo tardó un día en entregar la propuesta de modificación del PGOU de Palma, después de haber recibido este encargo por parte del Ib-Salut. Añadió que esta empresa ya había sido informada con anterioridad del cambio de ubicación y que «todo se basa en un «montaje administrativo».

El recurso se basa además en la «insuficiente justificación» del cambio de emplazamiento. En su escrito, los socialistas recuerdan que ya existía una ubicación previa, en el actual solar de Son Dureta, y que el ministro de Sanidad de la época (Romay Becaria, del PP) colocó «una primera piedra».