Finalmente, el presidente Bush se vio obligado días atrás a reconocer la existencia de cárceles secretas en las que agentes de la CIA llevaban a cabo interrogatorios con técnicas duras a presos sospechosos de haber participado en acciones terroristas. Más que la propia convicción y el descrédito que le hubiera supuesto negar lo que ya es evidente, a Bush le ha conducido a ello la firme actitud del Tribunal Supremo de los Estados Unidos al recordarle implícitamente que el Gobierno del país también está obligado a someterse al imperio de la ley. Por emplear una expresión coloquial, a la Administración Bush se le fue la mano desde el primer instante que siguió a los atentados del 11 de septiembre del 2001 al urgir la aprobación de disposiciones legales que chocaban frontalmente con el espíritu democrático que ha hecho grande a la nación norteamericana.
Democracia y terrorismo
16/09/06 0:00
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