Los funcionarios alteran el estreno de un edificio del Estado y exigen un mejor plus de insularidad

Un centenar de empleados públicos pidieron ayer al Estado que cumpla su compromiso de seguir negociando la equiparación del plus de insularidad que cobran los funcionarios de Balears con los de Canarias. Esta reivindicación se realizó durante la inauguración del nuevo edificio de servicios de la Administración General del Estado, que contó con la presencia del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña y Pérez de Tudela, y la subsecretaria de Economía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz, entre otras autoridades. Carlos Ocaña reconoció que, respecto al plus de insularidad, «no hay ninguna decisión tomada» y recordó que hace escasos meses se había dado el primer paso en la equiparación del plus de insularidad. Desde los sindicatos recordaron que el acuerdo alcanzado durante el año 2005 contemplaba el compromiso del Gobierno central de seguir las negociaciones para poder alcanzar la equiparación. UGT entregó un escrito con todas sus reivindicaciones al secretario de Estado desplazado hasta Palma para inaugurar la nueva sede del edificio de la Administración del Estado. Según Aurelio Martínez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos, el Gobierno central se «comprometió a incrementar la cuantía de la indemnización por residencia para los empleados públicos con un importe a cuenta que se tenía que abonar en las próximas nóminas». «Los empleados públicos no cobraron el incremento de forma uniforme», dijo Martínez. Además de esta protesta sindical, un grupo de 55 funcionarios del Cuerpo Técnico de Hacienda se concentró también durante la inauguración del edificio para reclamar competencias contra el fraude fiscal. Este cuerpo de funcionarios entiende que ha habido presiones políticas para crear lo que ellos llaman el «cuarto poder», es decir, la constitución de un cuerpo que reúne a 1.500 inspectores en toda España. En este sentido, Ocaña anunció que se ha elaborado un plan y una ley de prevención del fraude con la finalidad de reforzar todos los mecanismos de prevención y control. «El Gobierno se toma muy en serio la prevención del fraude», recalcó Ocaña, aunque no pudo concretar qué medidas concretas se han adoptado en Balears.